¿Qué quiere decir "ni con el 'campo' ni con el gobierno"? Un debate con la Campaña contra el Hambre y la Inflación. Guillermo Crux

A la par de nuestra campaña “Ni con el gobierno ni con las entidades patronales del campo”, otros sectores militantes de nuestra ciudad que también se manifestaron por una posición contraria a ambos bandos, con los que hemos confluido, han impulsado la declaración “Otro camino para superar la crisis” (1), o “Campaña conra el hambre y la inflación”, impulsada principalmente por el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Con estos compañeros discutimos sobre qué contenido concreto debe tener una “tercera posición” favorable a los intereses de los trabajadores.

“En el terreno puramente económico de lucha, el capital es la parte más fuerte.” Karl Marx (2)

Si bien los compañeros afirman que sus medidas no son una enumeración taxativa, en líneas generales podríamos definir al conjunto de medidas como un programa de tinte desarrollista-redistribucionista. Uno de sus principales impulsores, Eduardo Lucita del colectivo de Economistas de Izquierda (EDI), afirma que “la Declaración defiende las retenciones, y sobre todo la intervención del Estado en la economía. En todo caso discutamos qué se hace con las retenciones y cuál debe ser la orientación de la intervención estatal” (3). El programa podría resumirse en el leit motiv de la campaña: “Sí a las retenciones, exijamos distribución.” En primer lugar, el programa es una variante de izquierda del

pensamiento desarrollista porque, más allá de las distintas posiciones que los distintos integrantes de esta escuela de pensamiento tuvieron durante su apogeo en América latina durante los años ’60, coincide con ella en general en la idea de que hay un prerrequisito fundamental con el cual hay que cumplir antes de plantearse un programa de transición al socialismo en los países atrasados: un cierto grado de desarrollo burgués autónomo en los marcos de un régimen social capitalista. En él, mientras algunos desarrollistas más conservadores planteaban que debía ser por medio de la industrialización a través de la inversión extranjera con el estado regulándola, o que el actor central sería una “burguesía nacional progresista” que también contaría con la ayuda del estado por medio de la apropiación de parte de la renta diferencial de la tierra, había otros más audaces que, con razón, planteaban que tal burguesía nacional no existía, pero en todo caso debía ser creada y fomentada por el mismo estado. Aunque varios de los firmantes y promotores de la declaración se reivindiquen socialistas y critiquen teóricamente al desarrollismo, lo paradójico es que lo terminan sosteniendo en el documento que criticamos. (4) Por eso, la campaña “Otro camino…” termina haciendo, en los hechos, una apología de esta escuela de pensamiento, no para crear una burguesía nacional sino más bien que el Estado intervenga en la economía para fomentar el desarrollo por medio de una especie de “capitalismo de estado”. Esto se evidencia, en primer lugar, en que el programa no plantea ni una sola medida que afecte la propiedad privada de los medios de producción, ni siquiera de las tierras de los grandes terratenientes. A los sumo se plantea, al pasar, “comenzar a discutir la nacionalización de varios segmentos de estos sectores (los grandes propietarios, los grupos exportadores, comercializadores y “pool” de siembra, NdR), y aún así sin plantear el control por parte de sus trabajadores de este complejo agrario.

Esta idea se refuerza aún más por el sesgo “redistribucionista”. Una operación ideológica muy común de los desarrollistas, que aquí en la Argentina hemos visto de la mano del tibio reformismo de la CTA y sus intelectuales es la de independizar la esfera de la distribución de la de la producción. Si bien ambas esferas tienen autonomía, el desarrollismo redistribucionista tiende a hacer hincapié en que puede ir redistribuyéndose progresivamente en forma indefinida a favor de los trabajadores (los verdaderos productores) la masa de plusvalía que les es extraída, aún sin tocar para nada las relaciones de propiedad, sin que la burguesía contragolpee. En última instancia, los golpes de 1955 y 1976 fueron intentos de la burguesía de recuperar su tasa de ganancia frente a una clase obrera que llegó a quedarse con casi un 50 % de la renta nacional y que no pudo superar al peronismo en forma revolucionaria.

Así como es falso que haya que emblocarse necesariamente en alguno de los dos bandos capitalistas so pretexto de que no hacerlo es quedar al margen de la política, como plantean notablemente el sector de la izquierda (PCR, MST y otros) que marcha tras la Sociedad Rural, también es un falso debate “retenciones sí o no”, como plantean los compañeros que impulsan la declaración. En diversos artículos, referentes de este espacio han planteado que, más allá de no apoyar al gobierno, consideran que las retenciones son una medida progresiva, aunque muy tibia e inconsecuente, que debe ser apoyada. Según esta definición, las retenciones serían una medida que de alguna manera busca desacoplar los precios locales de los alimentos de los internacionales. Esto se demostró que no es así, como muestra la galopante inflación en los precios de la canasta básica de los últimos meses. No, lo fundamental de la redistribución de la renta extraordinaria de la tierra va para subvencionar a la menos competitiva industria argentina, vía subsidios y exenciones impositivas. “Retenciones sí” nos terminaría ubicando objetivamente en una lógica de defensa del gobierno como mal menor. Si las retenciones son positivas pero están aplicadas en forma “tibia e incosecuente” según la declaración, ¿cómo sería su aplicación consecuente? Este gobierno, del que hemos calificado su política económica con elementos de neodesarrollismo, basado en un “partido de los industriales” agrupado en torno al kirchnerismo, redistribuye una porción de la renta agraria, precisamente hacia la industria, que tiene un nivel de productividad inferior al del campo.

Es notoria la oposición de la campaña al monopolio estatal del comercio exterior, y su reemplazo por una tibia idea de “regular el comercio exterior y los precios mediante una junta nacional de granos y carnes.“ esta medida implicaría sencillamente volver a lo que ya existió en nuestro país durante casi seis décadas, fundada durante la “década infame” de 1930 por el gobierno conservador de Agustín P. Justo, la cual luego tomaría un lugar clave como política estatal bajo los dos primeros gobiernos de Perón rebautizada como IAPI (Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio) hasta su disolución final en 1991 bajo el gobierno de Menem. De hecho, el gobierno en medio del fragor del conflicto, el gobierno llegó a amagar con un proyecto de ley para recrear dicho organismo (5). En su larga existencia, esta Junta fue una cobertura de los grandes negociados de los grandes productores, industriales y funcionarios de turno. “Hasta 1949 pagó a los productores rurales una cotización 50% menor que la que percibía por sus ventas al mercado mundial. Los excedentes obtenidos por esa vía eran usados por el Instituto para algunos de sus variados fines o canalizados hacia el sistema financiero nacionalizado” (6). Con su crisis, durante el segundo gobierno peronista, terminó subsidiando las ventas de carnes de los frigoríficos británicos. Este siguió dependiendo de la existencia de los monopolios tradicionales y multinacionales en el agro (7). Los grandes beneficiarios del IAPI fue la “burguesía peronista”, también llamada “burguesía cupera”, debido a que se beneficiaba de la obtención de los cupos de exportación e importación por medio de su amistad con el gobierno. Esta medida en nada modificó la estructura de la propiedad y la explotación del agro. Sólo el monopolio del comercio exterior puede garantizar un verdadero control de precios y alimentos baratos para toda la población. Este instrumento, combinado, como ya dijimos, con la nacionalización de la propiedad de los grandes terratenientes bajo control de los trabajadores del campo, es el único que puede garantizar la apropiación de la elevadísima renta diferencial de la tierra que existe en la Argentina para su utilización en una economía nacionalizada bajo control de sus trabajadores hacia una industria que produzca bienes de capital e insumos baratos para la producción agraria y que saque al país del atraso.

Sin embargo, para Marx la lucha por una mayor apropiación por parte de los trabajadores del trabajo no pago que la burguesía les extrae, no era propiamente política, sino “lucha económica”, y como dice el acápite de este artículo, es precisamente en el terreno de la economía en el que la burguesía se siente más fuerte, en tanto aún no está cuestionado su dominio sobre los medios de producción, por lo cual un programa para los trabajadores debe tender al cuestionamiento de este señoreo y a disputarle el poder, su estado y por consiguiente sus relaciones de propiedad. Se dice que en la política no se pueden dejar espacios vacíos, y por ende no hay lugar para la abstracción. Pero la declaración de “otro camino...” es un gran lugar vacío, ya que, por un lado, no tiende a cuestionar los límites del capitalismo y deja una gran nebulosa sobre quién es el sujeto que emprenderá este programa de reformas.

Esta nebulosa no es casual. Sin embargo, un programa desarrollista necesita de una fuerza social que lo lleve adelante. El peronismo tuvo un programa similar. Este se basó en la movilización controlada de la clase obrera detrás de la “burguesía peronista”. Esta fuerza social era temida por la clase dominante y el imperialismo. Pero, con la estatización de los sindicatos, una fuerte burocracia e importantes concesiones, el peronismo la utilizaba de base de maniobra frente al imperialismo, con quien regateaba y le permitía negociar en mejores condiciones para lograr que la burguesía local se llevarse una tajada mayor de la explotación de la fuerza laboral. Es decir, un programa como el que proponen los compañeros necesariamente implica que la clase obrera argentina siga atada políticamente al carro de algún sector de la burguesía. Es decir, el sujeto que este programa oscurece debe ser por necesidad una fracción de la clase dominante como en el desarrollismo conservador clásico o el Estado actuando en forma autónoma, según los intereses del conjunto de la burguesía por encima del de sus distintas fracciones, favoreciendo un “capitalismo estatal”, como sostienen todos aquellos desarrollistas que hoy finalmente reconocen la inexistencia de la anteriormente tan mentada “burguesía nacional”. Por el contrario, una salida de los trabajadores debe partir de su independencia de todas los sectores de las clases dominantes y contemplar sus intereses históricos y no los de variantes del desarrollismo.

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NOTAS


2 Salario, Precio y Ganancia (1865), en Karl Marx, Friedrich Engels y Ernest Mandel, Para entender la explotación capitalista. (Introducción y compilación de Juan R. González y Esteban Mercatante), Ediciones IPS, Buenos Aires, 2006, p. 154. 

3 “No aceptamos que el hambre sea una oportunidad”, http://puntodevistainternacional.org 

4 Y en la práctica, apoyando a gobiernos como los de Chávez y Evo Morales 5 Sebastián Premici, “Junta nacional de carne y granos modelo 2008”, Página/12, 24/05/2008 

6 Alicia Rojo, “El trotskismo argentino y los orígenes del peronismo”, www.ceip.org.ar 

7 Ver Hugo Echeverre, “La política agraria del peronismo”, La Verdad Obrera, 15/05/2008